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2. El Distrito Federal y la política nacional |
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El marco legal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es, al mismo tiempo, el punto de partida y llegada del sistema político mexicano. Por un lado plasma los avances que en materia de organización política alcanza la sociedad y, por otro, se convierte en el punto de referencia necesario para incentivar y alcanzar nuevos ciclos de desarrollo político. El Distrito Federal no escapa a esa dinámica. Muy al contrario es el espacio social que en su interior desarrolla un sistema político local complejo derivado de la naturaleza que le otorga la Constitución. Con el fin de lograr desentrañar las características de la entidad, enseguida se presentan los aspectos de mayor relevancia en la conformación del Distrito Federal por más de un siglo; de manera especial se considera su importancia dentro del contexto nacional, en específico, en temas relacionados con el ámbito electoral y su incidencia en la evolución del sistema político nacional. El Distrito Federal, sus inicios 1824-1901 En 1824 el Constituyente determinó que el sistema político predominante en México debería ser el Federalismo. En consecuencia, resultó necesario ubicar un espacio físico para establecer los Poderes de la Federación. Dicho espacio debería tener la característica de la coexistencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo a través de un poder local. En aquella época, el Valle de México fue elegido como el espacio donde se instalarían los poderes federales. Se conformó un Distrito Federal a través de un círculo imaginario que medía dos leguas de diámetro y tomaba como punto de inicio la plaza de la ciudad, conocida como zócalo capitalino. Al establecer los poderes federales en el Valle de México se presentó un escenario contradictorio en materia de ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Por un lado, la Constitución no implantaba la figura de Ayuntamiento ni las facultades para elegir gobernantes, y por otro, se realizaban elecciones del Ayuntamiento según consta en las actas de cabildo de aquellas épocas. Sin embargo, durante ese tiempo la organización interna del Distrito Federal se sometió a los designios del Congreso de la Unión. Tal situación, registró una vigencia de 33 años. Es hasta 1857 en que se modificó el estatus político de los habitantes del Distrito Federal con las reformas a la Carta Magna. En las Leyes de Reforma promulgadas entre 1855 y 1857 se aportaron avances al desarrollo nacional, entre los cuales destacan la separación de la Iglesia y el Estado, y la declaración de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Con los ajustes implementados al marco jurídico del país a mediados del siglo XIX se logró que los habitantes de la Capital de México obtuvieran el derecho a votar y elegir a las autoridades que integraban el Ayuntamiento, las prefecturas y los representantes ante el Congreso de la Unión. Este avance colocó al Distrito Federal, por primera vez en su historia, en condiciones jurídicas similares a las que ostentaban los habitantes del resto del país . Esta situación se mantuvo hasta principios del siglo XX. Consolidación económica y demográfica del Distrito Federal 1900-1970 En 1901 el entonces Presidente de la República Porfirio Díaz ordenó cambios constitucionales que afectaron la organización interna del Distrito Federal al desaparecer la figura de los municipios en la entidad. A pesar de que los Constituyentes de Querétaro en 1917 restablecieron la figura municipal en la Carta Magna, esto fue temporal; poco más de diez años después se suprimió la elección de las autoridades locales en la Capital de México. La necesidad de controlar la zona central del país para proyectar las directrices en materia política, económica y de desarrollo social al resto del territorio nacional, obligó a las diversas facciones que actuaron durante la Revolución de 1910 a disputarse de manera permanente su control. Entre 1917 y 1928 Nacionalistas, Cooperatistas y Laboristas asumieron el control de la capital por lo menos en una ocasión. Después de contiendas permanentes entre las diversas facciones que participaron en la Revolución Mexicana, el entonces Presidente Álvaro Obregón logró el control del Distrito Federal. En diciembre de 1928 reformó el artículo 73, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se establecieron nuevas bases para la organización política y administrativa del ámbito local ya que se suprimió el sistema municipal encomendándose la designación del gobierno de la entidad al Presidente de la República. Desde finales de la segunda década del siglo XX, el Distrito Federal se conformó en sede del Departamento Central y se instauró el Departamento de Distrito Federal, cuya máxima autoridad, el Regente de la Ciudad era nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo. Hasta 1947 se dividió en un Departamento Central y Trece Delegaciones; el Departamento Central se integró por las que fueron municipalidades de México, Tacuba, Tacubaya y Mixcoac. Mientras que las Delegaciones eran conocidas como: Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Ixtacalco, General Anaya, Coyoacán, San Ángel, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. Durante este periodo los ciudadanos ejercían un derecho de elección parcialmente efectivo; por ejemplo, participaban en la elección de los integrantes del Congreso de la Unión, es decir diputados federales y senadores de la República, así como para la elección del Titular del Ejecutivo. La elección se realizaba en 9 distritos electorales, todos ellos conformados a partir del volumen y distribución de la población y cuyo rango oscilaba entre 60 mil y 100 mil habitantes al interior de cada distrito electoral. Por otra parte, para recompensar la pérdida de representación local se creó el Consejo Consultivo del Departamento Central y un Consejo para cada una de las 13 demarcaciones. Para las elecciones de 1932, se modificó la cantidad y límites de los distritos a consecuencia de los ajustes administrativos y la dinámica demográfica del Distrito Federal: el número de los espacios electorales se incrementó a 12 distritos. A finales de 1941 el status político del Distrito Federal sufrió nuevos ajustes. A través de la reforma a la Ley Orgánica del Distrito Federal, se modificó su nombre por el de Ciudad de México y se ajustó el número de delegaciones; en esa época existieron 12 demarcaciones territoriales. Sin embargo, se mantuvieron las disposiciones constitucionales relativas a la existencia de autoridades locales emanadas de las decisiones del Poder Ejecutivo y en consecuencia los ciudadanos continuaban relegados en el derecho de elegir sus autoridades locales. En 1952 se ajustaron la cantidad y los límites físicos de los distritos en que se dividía el Distrito Federal. Como resultado del impacto de la dinámica demográfica y del reacomodo poblacional, se agregó un distrito más, con lo cual se alcanzó la cifra de 19 distritos. A mediados de la década de los sesentas se ajustó nuevamente el número de distritos que correspondían a la entidad; bajo este nuevo escenario se incrementó a 24 distritos, la mayoría de los nuevos distritos se ubicaron en la zona norte y oriente en donde se consolidó un importante cinturón de nuevas colonias con población inmigrante que buscaba oportunidades de desarrollo social y económico. Desde principios del siglo XX, el DF se caracterizó como un espacio de elevada atracción económica y un fuerte impacto demográfico. En 1900 representaba 4% de la población total en el país y setenta años más tarde prácticamente cuadruplicó su peso relativo ya que alcanzó 14% del total. Para 1950, de los 25 millones 791 habitantes del país, 3 millones estaban oficialmente registrados como habitantes del Distrito Federal. El “Boom” continuó durante las dos décadas posteriores y para 1970 la población de la entidad representó un volumen 6 millones 874 mil habitantes; es decir 14 de cada cien habitantes del país tenían su lugar de residencia en la capital.
Para la elección presidencial de 1970, el Distrito Federal confirmó su importancia en el sistema político nacional al aportar 2 millones 264 mil 160 votos de los poco más de 13 millones emitidos. En términos relativos, casi 2 de cada 10 sufragios fueron aportados por ciudadanos capitalinos (véase gráfica siguiente).
Fuente: Elaborado por la DEOyGE-IEDF con base en Becerra Chávez, P.J: “De la Posrevolución a nuestros días”, 1928-2003, en Emmerich G. Las elecciones en la ciudad de México, 1376-2005. El proceso de urbanización y los avances que en materia de educación cívica y participación ciudadana se han gestado en la entidad, generaron resultados diferentes al del resto del país. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 1952, el candidato de oposición obtuvo 49% de la votación total emitida en la entidad. No obstante, en la capital del país siempre se mantuvo la tendencia favorable a las candidaturas presentadas por el PRI. A pesar del auge y dinamismo social que se observaba en el Distrito Federal, todavía en los primeros años de la década de los setentas, los derechos de los ciudadanos del Distrito Federal se mantenían estancados en materia electoral. En los hechos la ciudadanía capitalina seguía dependiendo de las decisiones del Ejecutivo para conocer a sus autoridades locales, tanto en el Departamento del Distrito Federal como en las demarcaciones en que se dividía la capital. Evolución del Distrito Federal entre 1971 y 1988 Después de 30 años sin cambios en el ámbito jurídico de la Ciudad de México, a finales de 1970 mediante reformas a la Ley Orgánica para el Distrito Federal, se modificó la cantidad de delegaciones que integran el ámbito local. El Distrito Federal se dividió en 16 Delegaciones. De esta manera, lo que fue la Ciudad de México se convirtió en: Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, agregándose a las demarcaciones que existían hasta esa fecha. Desde aquella época, la confluencia de factores económicos y sociales permitieron llevar a cabo ajustes al marco jurídico vinculados con el funcionamiento del sistema político. Entre las modificaciones más importantes destaca la reducción del número de afiliados de los partidos políticos de 75 mil a 65 mil y su acceso a tiempos gratuitos en los medios de comunicación. Al reformarse la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal en 1970, se intentó crear una estructura vecinal capaz de participar de forma activa en las decisiones de las demarcaciones administrativas a través del Consejo Consultivo del la Ciudad de México. Bajo el nuevo esquema los ciudadanos tendrían facultades de información, opinión y proposición al jefe capitalino sobre obras y servicios a desarrollar en las delegaciones. Las deficiencias de este mecanismo de semi-representación ciudadana estaban a la vista de todos. Por ejemplo, la ciudadanía no se sintió identificada con el mecanismo de participación porque fue instalado desde el gobierno; a los vecinos únicamente se les permitía opinar y hacerlo en temas administrativos, alejados de las principales directrices sociales, políticas y económicas de la metrópoli, entre otras. Para 1977 López Portillo impulsó otra reforma política, mejor conocida como la “Declaración de Chilpancingo” cuya idea principal consistía en ensanchar las posibilidades de representación de la ciudadanía para que las mayorías y las minorías fueran escuchadas. Un año más tarde, el 29 de diciembre de 1978 se publicaron nuevas reformas a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal con las cuales se cambiaron las facultades de los delegados y para promover una mayor participación ciudadana se crearon dos nuevas figuras: las asociaciones de residentes y los comités de manzana. Con los ajustes al artículo 73 de la Constitución se introdujeron las figuras del “Referéndum” y la “iniciativa popular” para aprobar o iniciar leyes o reglamentos relativos al DF. Desafortunadamente, nunca se emitió un reglamento para su aplicación y en la reforma política de 1986-1987 desaparecieron de la Constitución. Este proceso de apertura democrática tenía su punto de partida en la necesidad del partido de Estado de obtener credibilidad de la ciudadanía sobre el adecuado funcionamiento de las instituciones y del sistema político nacional. Un factor fundamental en la evolución política nacional y por ende de la capital del país es el económico; después de dos décadas de estabilidad y desarrollo económico nacional, el factor externo, es decir la balanza comercial de México, empezó a demostrar un elevado déficit ocasionado por la demanda de bienes de capital al extranjero y la disminución de exportaciones de materias primas. El mercado interno entró en una fase inflacionaria que se controló de manera temporal al emitir un mayor nivel de circulante monetario apoyado por los descubrimientos de petróleo y su exportación. En el plano de política nacional el gobierno necesitaba dotar de credibilidad y transparencia al papel del Estado. En el aspecto económico, el gobierno necesitaba la estabilidad y mantener el desarrollo social. Los factores político y económico se reflejaron en la evolución de los procesos electorales. Entre 1970 y 1988 el volumen de votantes pasó de 13 millones 800 mil aproximadamente, a poco más de 19 millones; un incremento marginal si se compara con los registrados en procesos electorales previos. En el caso del Distrito Federal el incremento fue de 640 mil votos en 18 años (1970 a 1988).
En el caso de las elecciones de diputados federales de 1979, 1982 y 1985, la tendencia a votar a favor de la oposición se manifestaba de manera notable. El partido hegemónico alcanzaba preferencias que oscilaban entre el 46% y 49% del total. La ciudadanía de la capital representaba dos características que la hacían diferente respecto al resto de las entidades: En el caso de las elecciones de diputados federales de 1979, 1982 y 1985, la tendencia a votar a favor de la oposición se manifestaba de manera notable. El partido hegemónico alcanzaba preferencias que oscilaban entre el 46% y 49% del total. La ciudadanía de la capital representaba dos características que la hacían diferente respecto al resto de las entidades:
El Distrito Federal y los nuevos retos de la democracia participativa 1987-2009 Las presiones de las organizaciones sociales dieron como origen a la Asamblea de Representantes en 1988, que se integró por 40 representantes electos bajo el principio de mayoría relativa y 26 electos por el principio de representación proporcional. Con la reforma política del DF de 1996 dicha Asamblea de Representantes se convirtió en Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), con capacidad de emitir leyes y decretos sobre los principales aspectos de la vida política, económica, demográfica y social de los habitantes del Distrito Federal. En ese mismo año se modificó la ley para que los ciudadanos eligieran, por primera vez, en 1997 al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y, en el año 2000, a los jefes de las 16 demarcaciones en las cuales se divide la ciudad capital del país. Desde aquella época en el Distrito Federal se eligen las autoridades locales y federales. Entre 1988 y 2009 se han llevado a cabo cuatro procesos electorales para elegir al Titular del Ejecutivo Federal y, en este periodo, se han celebrado tres procesos para elegir al Jefe de Gobierno y cuatro para jefes delegacionales. En las elecciones presidenciales el volumen que registran los votantes del DF en el total es significativo; por ejemplo, en 1994 de los poco más de 35 millones de votos emitidos, 12% se realizaron en el Distrito Federal. Para 2006, votaron poco más de 42 millones de ciudadanos; el Distrito Federal incrementó su contribución al total nacional en 4.7 millones, cifra equivalente a una variación de apenas 800 mil votos más comparados con los de 1994. Después de que a los ciudadanos del Distrito Federal se les restituyeron sus derechos electorales en 1997 (eliminados durante más de 50 años) y del cambio del gobierno federal en 2000, el sistema político nacional tiene nuevos retos, entre los cuales destacan: ajustar los tiempos de las precampañas y campañas electorales, el uso de los medios de comunicación, la fiscalización de los recursos recibidos por los partidos políticos y establecer mecanismos que doten a los ciudadanos de mayores herramientas para evaluar y en su caso, castigar o premiar las actuaciones de sus representantes. |
