La teoría política contemporánea ha analizado desde diversas perspectivas el papel que desempeñan las instituciones en la construcción o en la consolidación de las democracias. Para explicar el caso de las instituciones electorales en la capital del país es necesario contar con un referente conceptual de democracia.

Para explicar qué es la democracia, es necesario recurrir, cuando menos, a tres de los pensadores que más han aportado al análisis de este concepto: Norberto Bobbio, Giovanni Sartori y Robert Dahl.

Norberto Bobbio ha establecido lo que el mismo denomina una definición mínima de democracia. En primera instancia considera que cuando se habla de democracia se refiere a una contraposición a toda forma de gobierno autocrático. Adicionalmente una democracia se caracteriza por contar con una “serie de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos”.

Asimismo señala que existen tres condiciones para poder establecer esta definición mínima de democracia: a) El derecho a la participación directa o indirecta en la toma de decisiones colectivas por el mayor número posible de ciudadanos, a través del ejercicio del voto; b) la existencia de reglas procesales, como la regla de la mayoría que considera obligatorias para el grupo las decisiones tomadas por la mayoría; y c) que aquellos que están llamados a decidir o a elegir a quienes deban decidir, tengan alternativas reales y puedan seleccionar entre una y otra, para lo cual deben tener garantizados sus derechos de opinión, de reunión o de asociación. Cabe decir que, según Bobbio, aunque estos derechos formen parte de normas constitucionales, estas normas “no son las reglas del juego sino que son las reglas preliminares que permiten el desarrollo del juego”.

A estos tres requisitos, pueden agregarse los siguientes presupuestos que, de acuerdo con Bobbio, también contribuyen a la definición de un gobierno democrático: 1) todos los ciudadanos mayores de edad deben gozar de derechos políticos; 2) todos los ciudadanos deben poder expresar su opinión a través del voto y ser libres de votar; 3) el voto de todos los ciudadanos debe tener un peso igual (un individuo = un voto); 4) todos los ciudadanos deben tener alternativas reales, es decir poder optar por diferentes soluciones; y 5) ninguna decisión tomada por la mayoría debe limitar los derechos de la minoría

Robert Dahl considera como un principio elemental de la democracia el que todos los miembros de una sociedad sean considerados y sean tratados como políticamente iguales. Así, introduce los cinco criterios que garantizarían este principio en una comunidad, independientemente de su tamaño. Los criterios son: 1) la participación efectiva, que implica la existencia de canales que permiten que el punto de vista de cada uno de los miembros de la comunidad sea escuchado por todos; 2) la Igualdad de voto, que implica que en los procesos de elección todos los miembros de la sociedad tengan la posibilidad de participar y que su voto cuente o tenga el mismo peso que el del resto de los integrantes de la comunidad; 3) la comprensión ilustrada, que se relaciona con la posibilidad de que todos los miembros del grupo estén informados y asuman una posición sobre las consecuencias de las decisiones que toman; 4) control de la agenda, que se relaciona con la existencia de condiciones para incluir en el debate temas que los integrantes consideren relevantes para todos y, por último, 5) la inclusión de los adultos que se refiere a una característica de participación universal, para que quienes tengan el derecho a participar tengan la posibilidad de hacerlo.

Afirma que un país es una democracia “sólo si posee todas las instituciones políticas propias de una democracia" y especifica cuáles son esas instituciones que requiere un sistema político democrático a gran escala, es decir una democracia poliárquica: a) cargos públicos electos, lo que significa que las decisiones político, administrativas y gubernamentales descansan en cargos públicos elegidos por los ciudadanos, por tanto, los gobiernos democráticos son representativos; b) elecciones libres, imparciales y frecuentes; c) libertad de expresión, que implica que los ciudadanos tienen derecho a expresarse sobre asuntos políticos, sin peligro a represalias; d) acceso a fuentes alternativas de información, que no están controladas por el gobierno y que los ciudadanos tienen el derecho de solicitar; e) autonomía de las asociaciones, ligada con el hecho de que los ciudadanos tienen derecho de constituir organizaciones relativamente independientes, incluyendo partidos políticos y grupos de interés independientes y, por último f) la ciudadanía inclusiva, que se refiere a que todos los adultos tienen derechos, por ejemplo al sufragio, a la libertad de expresión, a concurrir a cargos electos, etc.

Por su parte, Giovanni Sartori ha analizado profundamente el concepto de democracia y ha ubicado dos modelos: la democracia de los antiguos y la de los modernos. Entre los puntos que permiten distinguir a una democracia moderna deben señalarse que es representativa y por ende presupone la existencia de un Estado liberal - constitucional con un instrumento de actuación muy específico: los partidos. Asimismo, plantea que la democracia debe definirse como un sistema político basado en el poder popular donde la titularidad del poder pertenece al demos y el ejercicio del poder se confía a representantes elegidos periódicamente. Así, una democracia sería un sistema pluripartidista en el que la mayoría gobierna con respeto a los derechos de las minorías.

Los elementos referidos, entre otros, son los que dan origen a la definición de democracia propuesta por Sartori, quien la considera como un procedimiento y/o mecanismo que: a) genera una poliarquía abierta cuya competición es el mercado electoral; b) atribuye el poder al pueblo y, c) impone específicamente la capacidad de respuesta de los elegidos frente a los electores.

Adicionalmente, dicho teórico propone algunos factores que facilitan el arribo de una democracia: la democracia presupone el uso de la “política como paz”; la sociedad civil debe ser autónoma; debe separarse lo público de lo privado; debe existir una secularización de la política y deben existir valores pluralistas.

A manera de síntesis, puede decirse que las instituciones son el instrumento por excelencia para estructurar y tipificar a una democracia y al sistema político de cualquier sociedad. Y en un sentido muy amplio pueden interpretarse como las instancias responsables para operar dicho sistema con base en las reglas y normas que la sociedad se ha dado. Mauricio Merino, investigador y ex Consejero Electoral del IFE considera que:

“El papel principal de las instituciones es ofrecer certidumbre, a partir de reglas que hagan posible la convivencia. Desde este punto de vista las instituciones fallan cuando en lugar de dar certeza generan incertidumbre... Todas las instituciones existen para desempeñar una determinada función pública. Es decir, para cumplir y hacer cumplir ciertas reglas de comportamiento que, dicho de una manera simple, suponen que frente a determinada conducta siempre habrá una consecuencia.”

Así, en los planteamientos realizados por Bobbio, Sartori y Dahl, se encuentran puntos comunes, entre los que destacan:

• La existencia de reglas y procedimientos;

• El respeto a la decisión de las mayorías sin menoscabo de los derechos de las minorías;

• La importancia de la representatividad de los gobiernos;

• La participación del mayor número de ciudadanos posible en la toma de decisiones;

• La importancia del ejercicio del voto y de la equidad del mismo;

• La existencia de una competencia real, en donde existan diversas opciones y amplia información sobre las mismas;

• El papel que juegan los partidos políticos como vehículos para la construcción de las democracias.

Como puede observarse todos estos puntos forman parte de la naturaleza de las reformas electorales y de las instituciones electorales que fueron creadas en México en la última década del siglo XX, incluyendo las correspondientes al Distrito Federal.

En efecto, para el caso de la capital de la república mexicana la reforma fue producto del intenso debate sobre la necesidad de democratizar sus instancias de gobierno; debate que inició a raíz de la crisis que generó el terremoto de 1985. El resultado fue la modificación por parte del Congreso de la Unión de la CPEUM y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (EGDF).

De esta forma, las instituciones electorales que emanaron de esa reforma incorporaron en su concepción y en el cuerpo legislativo que les da sustento los elementos que Bobbio, Sartori y Dahl, entre otros, han referido como fundamentales en la consolidación de sociedades democráticas.