El problema se extiende al dinero utilizado antes de las precampañas. En esta etapa todavía no existen informes de gastos que permitan conocer quién paga las bardas, los recorridos, los eventos o las brigadas, ni reglas específicas que determinen si esos recursos deberán sumarse posteriormente a los topes de campaña.

—¿Cómo se conocerá quién paga la propaganda, los eventos o las brigadas desplegadas antes de las precampañas, cuando todavía no existen informes formales de gastos? ¿Ese gasto podría sumarse posteriormente a los topes de campaña o quedar fuera? —se le preguntó a la consejera presidenta.

—Yo creo que ese es el gran tema que está en discusión, sobre todo en el órgano electoral, porque el tema de la fiscalización está a cargo del INE y, hoy por hoy, no ha emitido lineamientos —subrayó.

Avendaño explicó que los organismos electorales locales no fiscalizan los recursos utilizados en las campañas, por lo que el IECM deberá esperar los lineamientos o las determinaciones del INE. Calificó la ausencia de reglas como “un vacío en la ley que no se ha resuelto”.

Mientras eso no ocurra, reconoció, no existe una respuesta concreta sobre cómo deberán tratarse esos gastos, pues “no está considerado que haya alguna actuación de los órganos electorales en esto a lo que ahora se ha denominado  ‘preprecampañas’”.

Los vacíos también alcanzan a quienes ocupan un cargo público y podrían buscar la reelección. Avendaño consideró que una alternativa habría sido obligarlos a separarse de sus funciones desde los procesos internos, pero esa restricción no fue incorporada a la legislación.

“Se ha planteado que sería idóneo, y ahí las opiniones son divididas, que quienes deseen reelegirse tendrían que separarse del cargo para poder competir, incluso desde que están en sus procesos internos. Sin embargo, debo reconocer y lamentar que no se avanzó en ese sentido con la normatividad, cuando en su momento se pudo haber llevado a cabo alguna reforma que pudiera atajar o delinear todo esto”, señaló.

Pese a la falta de reglas específicas, Avendaño recordó que existe una prohibición general para utilizar programas sociales y recursos públicos con el propósito de promover candidaturas. Los casos, sin embargo, deben avanzar mediante las quejas por posibles actos anticipados, promoción personalizada o uso indebido de recursos.

“Me hubiera encantado que se hubiera avanzado en la legislación, poniendo mayores candados, dándonos más elementos a las autoridades electorales, tanto a nosotros, autoridad administrativa, como a las jurisdiccionales, para controlar todo este tipo de acciones y garantizar la equidad en la contienda, un piso parejo”, sostuvo.

Entrevista: CP del IECM | Patricia Avendaño Durán
Fecha: 04/09/2026
Medio: Animal Político
Autor: Edgar Ledesma