Ciudad de México, 20 de noviembre de 2025

Boletín de prensa UTCSyD-397

  • La Comisión de Quejas del Instituto determinó el inicio del procedimiento y aprobó medidas cautelares

 En Sesión Urgente, la Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó por unanimidad el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, derivado de la queja presentada por una persona servidora pública, al considerar que existen elementos indiciarios suficientes que podrían constituir violencia política en razón de género y violencia política contra las mujeres en razón de género.

La denuncia fue recibida el 19 de noviembre en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral, donde la promovente hizo del conocimiento del IECM diversos hechos atribuidos a dos personas servidoras públicas, los cuales, en apariencia, podrían actualizar conductas prohibidas en materia de violencia política de género

A partir del análisis preliminar realizado por la Comisión, se observó que las
manifestaciones atribuidas a las personas probables responsables, difundidas a través de diversas publicaciones en redes sociales y en una plataforma digital, podría tener como efecto sesgar, menoscabar o afectar el reconocimiento público de la denunciante, así como el acceso, goce y ejercicio de sus derechos político-electorales.

El proyecto aprobado contempló también el dictado de medidas cautelares y de tutela preventiva, solicitadas por la persona promovente. Asimismo, se determinó no conceder medidas de protección, al no identificarse factores de riesgo que así lo justificaran.

Durante la sesión, la consejera presidenta de la Comisión Permanente de Quejas, Sonia Pérez Pérez, destacó la atención inmediata que se dio al asunto, como ocurre en todos los casos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género.

“Es el primer análisis que estamos realizando de una manera cautelar pero, de una forma pronta y expedita, se va a llevar a cabo la sustanciación del procedimiento, se van a agotar las diferentes etapas, se va también a dar una garantía de audiencia a las personas presuntamente responsables y se va a remitir el expediente al Tribunal Electoral local porque se trata de un procedimiento especial sancionador. Será el propio Tribunal quien determine si existe una actualización de la infracción y en su caso, cuál es la responsabilidad y quiénes son las personas responsables. Y eventualmente, si habrá alguna sanción”, puntualizó.

En su momento, la consejera Cecilia Aída Hernández Cruz expresó que se está proponiendo dictar medidas sobre algunos de los videos, ya que, a partir del análisis realizado no en todos se encontraron elementos que permitan, de manera indiciaria, presuponer que se haya hecho uso de expresiones donde se establezca una relación de subordinación o dependencia a partir de estereotipos de género, sino que obedecen a cuestiones coyunturales enmarcadas en el ejercicio de la libertad de expresión

“Me parece que debemos tener criterios para una distinción muy clara de cuándo se deben dictar medidas cautelares y cuándo estamos ante un ejercicio de libertad de expresión. Esta autoridad no debe inhibir de ninguna manera el debate público, siempre y cuando no rebase la frontera que estamos estableciendo en este proyecto”, indicó.

Por su parte, la consejera María de los Ángeles Gil Sánchez subrayó la relevancia de que existan mecanismos de denuncia por parte de las personas que sientan afectada la esfera de sus derechos, así como procedimientos para atender los diversos tipos de violencia política en razón de género.

“Como autoridad instructora, estamos iniciando un procedimiento que garantice que, en su momento, las partes puedan tener la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga. Podrán también ofrecer las pruebas que estimen necesarias, pero eventualmente será el Tribunal Electoral quien deberá calificar la existencia o inexistencia de la violencia política a que se hace referencia”, acotó.