Ciudad de México, 9 de mayo de 2026
Boletín de prensa UTCSyD-158

  • El consejero electoral Ernesto Ramos Mega participó en el seminario “Reforma electoral, grupos de atención prioritaria y acciones afirmativas”.
  • Especialistas analizaron accesibilidad e inclusión democrática en acciones afirmativas dirigidas a personas con discapacidad y pueblos indígenas.

 

La tecnología debe ser una herramienta para ampliar el ejercicio de los derechos político-electorales, especialmente de personas con discapacidad y comunidades indígenas, mediante soluciones accesibles como plataformas digitales y sistemas de participación remota, aseguró el consejero electoral Ernesto Ramos Mega, al participar en el seminario “Reforma electoral, grupos de atención prioritaria y acciones afirmativas”.

En la cuarta sesión titulada “Discapacidad, pueblos indígenas y tecnología electoral”, celebrada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ramos Mega subrayó que uno de los principales retos en las instituciones es la resistencia al cambio, particularmente cuando se trata de innovaciones tecnológicas. En este sentido, explicó que desde su llegada al Instituto ha impulsado una reingeniería profunda de la plataforma de participación ciudadana, con el objetivo de transformarla en un sistema accesible, dinámico y útil para que la ciudadanía pueda ejercer mecanismos de democracia directa y participativa de manera más sencilla.

“Lo que busco es ver la manera de que la tecnología nos ayude a ampliar derechos y a defender los propios derechos, y que trascienda estas limitantes que las personas puedan tener, ya sea por su origen étnico, poblacional o algún tipo de discapacidad que pueda limitarlas”, sostuvo.

Ramos Mega hizo un llamado a erradicar prejuicios sobre el uso de la tecnología en comunidades rurales e indígenas, al señalar que no existe evidencia que vincule a estas poblaciones con dificultades en su adopción. Por el contrario, compartió experiencias internacionales que demuestran altos niveles de éxito en el uso de herramientas tecnológicas cuando existe capacitación y apropiación comunitaria.

Por su parte, Paula Pérez Córdova, diputada del Congreso de la Ciudad de México, enfatizó que las acciones afirmativas son resultado de luchas históricas y procesos comunitarios, por lo que constituyen mecanismos para reconocer trayectorias y abrir el acceso a la vida pública a sectores históricamente excluidos. Señaló que estas medidas no sustituyen el trabajo territorial, sino que lo visibilizan y lo traducen en representación política efectiva.

En su intervención, Ninfa Hernández Trejo, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, explicó que el voto electrónico debe entenderse como una herramienta tecnológica dentro de un proceso integral, que abarca desde el registro de la ciudadanía hasta la transmisión de resultados. Detalló que existen modalidades presencial y remota, y destacó que su implementación en México ha sido gradual mediante pruebas piloto, aunque persisten retos como la falta de regulación integral a nivel federal.

Por último, Patricia Claudia Brogna, profesora de la FCPyS, advirtió que el análisis de las acciones afirmativas no debe limitarse al número de personas que acceden a cargos públicos, sino a los cambios reales que generan en la agenda legislativa y en la representación sustantiva de los grupos históricamente excluidos. A partir de investigaciones académicas, señaló que persisten desafíos como la simulación, la falta de equidad en campañas y barreras institucionales.

La cuarta sesión del Seminario, moderada por Andrea Samaniego Sánchez tuvo como objetivo analizar el diseño y alcance de las acciones afirmativas dirigidas a personas con discapacidad y pueblos indígenas, así como el papel de la tecnología electoral —particularmente el voto electrónico— en los debates actuales sobre accesibilidad e inclusión democrática.

El seminario fue organizado por el IECM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas.